Debemos considerar que las personas privadas de libertad, que se encuentran en una situación de encierro pero también de castigo social, disciplina, control y segregación, a menudo se ven privadas, por sus propias estructuras y dinámicas, de las acciones educativas necesarias y de la recreación cultural a la que tienen derecho por el mero hecho de ser seres humanos. (...) La educación tiene como fin propio el desarrollo integral de las personas, en este caso, las personas presas y, bajo ningún concepto, podemos admitir la negación de este derecho, que el Estado debe garantizar, alejándose de la idea de concebir la educación como una tecnología de naturaleza terapéutica asociada con el buen o mal comportamiento en las cárceles, evitando problemas que necesitan un análisis más profundo, como las condiciones de vida relacionadas con la sumisión, la obediencia, el control social que tienen mucho que ver con las situaciones de encierro.